Aunque unos pocos lo hacen por convencimiento y militancia, la mayoría de los fiscales que custodian los votos de los distintos partidos el día de la elección cobra una retribución por la celosa tarea. Es por ello que las fuerzas políticas destinan para ese domingo una cantidad importante de dinero.
Esta costumbre atenta contra todo bolsillo, pero afecta de manera aguda a las agrupaciones más pequeñas, que casi nunca cuentan con un presupuesto que les permita fiscalizar la totalidad de las mesas (se calcula que una persona cobrará unos $ 250 por custodiar los votos de alguna fuerza electoral). La búsqueda de recursos resulta un dolor de cabeza para los dirigentes de estos partidos, que necesitarán elevar sus dosis de aspirinas para calmar las dolencias que crecerán durante este año.
Según el secretario de la Junta Electoral Provincial (JEP), Darío Almaraz, el número de mesas de en las que se sufragará el próximo 28 de agosto crecerá en una cifra cercana a las 1.000. Esto se debe a que los padrones que se utilizarán contienen un número sensiblemente menor de electores que los utilizados durante los comicios provinciales de 2007.
Padrones
Las nóminas con los ciudadanos habilitados para sufragar fueron confeccionadas por la Justicia Electoral Federal. Estos padrones se usarán en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en las que se elegirán los candidatos de cada partido para los comicios generales de octubre.
Pero también regirán esos padrones elaborados por la autoridad electoral nacional en los comicios de gobernador, vicegobernador, intendentes, comisionados rurales, legisladores y concejales (28 de agosto) y en la elección de presidente y vicepresidente, y de senadores y diputados nacionales (23 de octubre).
Los padrones que se utilizaron en los comicios provinciales de 2007 incluían unos 450 electores. Esto implicó que los tucumanos habilitados para sufragar se distribuyeran en 2.306 mesas. Para este año, cada una de estas nóminas contendrá 350 ciudadanos en condiciones de votar (es decir, 100 menos que hace cuatro años).
"Se redujo significativamente el número de electores por padrón; esto hará que aumente la cantidad de mesas. Si bien aún no tenemos la cifra exacta, debido a que no se ha diagramado eso, creemos que podemos andar cerca de las 3.150, más o menos", consideró Almaraz. El funcionario aclaró que conocer hoy la cantidad exacta de mesas no es sencillo: "no se trata de dividir el 1.017.000 de electores en 350, porque hay mesas en las que votarán más, otras en las que votarán menos; pero estas van a aumentar en una cifra cercana a 1.000 a nivel global".
Este incremento de mesas implicará que los partidos políticos deban engordar su ejército de fiscales. Por lo general, las agrupaciones más poderosas acostumbran a ubicar un fiscal por mesa y a un fiscal "general" en casa escuela en la que se vote. De ahí que aquellas fuerzas que deban remunerar esta tarea estarán obligadas a buscar un mayor financiamiento para pagar el servicio; y las fuerzas que estimulan la fiscalización voluntaria deberán agudizar el trabajo militante de captación de ciudadanos convencidos en su programa político. Según las estimaciones previas, si el Gobierno nacional fijó en $ 500 el pago a una autoridad de mesa para las elecciones de agosto y de octubre, el monto a abonar a un fiscal partidario rondará cerca de los $ 250 por la jornada.
Pero la reducción de ciudadanos por padrón -y el consiguiente incremento de mesas de votación- no es el único cambio que se verá en los comicios de este año.
Sin distinción de género
Los tucumanos están habituados a que desde la Justicia electoral se los agrupe por género para la elección. De esta manera, podían verse dos tipos de mesas: femeninas y masculinas. De hecho, las escuelas destinadas para la votación, por lo general, se distribuían en atención a esta división; más allá de que en algunos establecimientos escolares se disponían mesas de varones y mesas de mujeres.
Los padrones confeccionados para las elecciones de este año presentan como característica el hecho de que son mixtos. Esto implica que podría darse el caso de que un matrimonio vote en la misma mesa; y no como era hasta 2009 (elecciones nacionales). Según Almaraz, esto generará cambios en la organización electoral; es decir, no sería de extrañar que una persona que históricamente sufragó en una misma escuela, en estas elecciones deba dirigirse a votar a otro establecimiento. "De todos modos, se procurará afectar esto lo menos posible; es decir, probablemente la mitad de los electores de una escuela deban dirigirse a otra, y esta enviará también una mitad de sus votantes a aquella institución", explicó el secretario de la JEP.